10 BALANCES Y CONCLUSIONES

Las voces, experiencias y luchas de las organizaciones Indígenas, Afrodescendientes de Centroamérica y del Archipiélago de San Andrés y Providencia, son referentes claves por su trabajo constante en la lucha por el derecho a la autonomía y la libre determinación. Estas luchas se expresan a través de demandas por la aplicación limitada de las normas y estándares internacionales reconocidos para los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las que generan rupturas del silencio e invisibilización a las que están expuesto los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la región. Indiscutiblemente existe reconocimiento de los avances, pero también de las limitaciones en el reconocimiento de derechos y/o abierta oposición a la aplicación de normas en los diferentes países de la región.

Las organizaciones Indígenas y Afrodescendientes, académicos y organizaciones civiles nacionales e internacional que trabajan por los derechos de estos Pueblos, deben ampliar sus sinergias que les permita asegurar que sus acciones a nivel de intervenciones, procesos investigativos e incidencias desde los diversos niveles y contextos no sean fragmentadas y sus alcances privilegien las luchas por las autonomías Indígenas y Afrodescendientes.

Los principales aportes derivados del Encuentro Centroamericano y del Caribe sobre autonomías Indígenas y Afrodescendiente, a través de intercambios de las prácticas, perspectivas y los conocimientos expuestos por cada país participante, se presentan en las siguientes tres dimensiones:

a. Impacto desigual a nivel de los marcos jurídicos nacionales e internacionales

A través de la reflexión crítica con la presentación y discusión del Informe Temático sobre el Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales de la CIDH de la OEA, se compartieron valiosas apreciaciones en términos de su relevancia respecto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en relación con los propios procesos de lucha por el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas en sus respectivas realidades nacionales. Las organizaciones se pronunciaron acerca del valor del informe como instrumento jurídico en sus procesos de defensa legal ante las cortes nacionales y su importancia para continuar avanzando en sus luchas por afirmar el derecho a la autonomía y la libre determinación desde sus propias realidades y contextos.

Las organizaciones reflexionaron acerca del uso de instrumentos legales – tanto de las normas domésticas y como las que emanan del derecho internacional – y expresaron que su aplicación e interpretación en los sistemas nacionales de justicia es bastante desigual, por una parte, se constatan avances, pero también de limitaciones en el reconocimiento de derechos y/o abierta oposición a la aplicación de las normas.

En este sentido se llamó a realizar una reflexión crítica sobre los alcances de las normas entendidas como un proceso, de sus limitaciones, pero ante todo desde un espíritu de anhelo y buena voluntad, en donde crezca el conocimiento de sus Pueblos y organizaciones sobre esos instrumentos y se tomen en cuenta sus visiones de futuro.

Por ejemplo, respecto a los avances en las normas y estándares del Sistema Interamericano, se mencionó que a veces se puede caminar un poco más y hay que avanzar en esos espacios; y a tomar en cuenta que estos avances ha permeado en las defensas legales domésticas, y que no se puede dejar de negociar; y que la diferencia la hacen los Pueblos, unidos, cohesionados, incorruptibles y eso se puede lograr y querer más, y adquirir más poder para lograr más.

Durante esta reflexión fue presente la tensión entre visibilización e invisibilización de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Raizales respecto de los Estados. Por una parte, los Estados aceptan las demandas de los Pueblos Indígenas, pero imponen ciertos límites a cómo se expresan esas demandas, y cuánto es posible alcanzar en la lucha por derechos. Por lo general los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Raizales tienen una posición crítica hacia los Estados, pero en cambio tienen una aceptación relativa al rol de las cortes nacionales para dirimir disputas y demandas que los Pueblos Indígenas en contra de distintos actores que violan sus derechos fundamentales. En parte esta aceptación relativa de las cortes nacionales obedece al valor y análisis de oportunidad que los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Raizales asignan de forma complementaria tanto a los instrumentos jurídicos y normas internacionales como a la legislación doméstica.

En la reunión se hizo notar que los procesos legales suelen ser largos, costosos y frecuentemente las decisiones tanto en las cortes nacionales como del sistema interamericano – cuando son favorables – son tardías para revertir los daños causados a los derechos de los Pueblos.

b. Experiencias sobre las luchas por la autonomía y la libre determinación

Se constató que las luchas por las autonomías en cada uno de los países se expresan dinámicamente en varios espacios nacionales: se manifiestan en la defensa de los territorios contra el despojo – por parte de distintos actores; en defensa de la vida; en defensa del ambiente; y en defensa al derecho a existir como Pueblos, además se observó que continúan, y en algunos contextos se han agravado, las acciones de criminalización, despojo y atentados contra la vida líderes y defensores y defensoras de los derechos de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Raizales.

Durante la reunión las organizaciones participantes hicieron notar que el derecho a la consulta libre, previa e informada tiene una aplicación desigual en los países de la región Centroamericana. Esto resulta una aplicación limitada de las normas y estándares internacionales, pero se destacan el rol de la acción colectiva, y las iniciativas legales de las comunidades en hacer valer sus derechos a ser consultados, iniciar sus procesos autónomos de consulta, y determinar así sus propias perspectivas y visiones de bienestar y desarrollo, como ejercicio de libre determinación.

Las organizaciones participantes conocieron acerca de las luchas del pueblo Raizal de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ante decisiones judiciales internacionales que afectan sus medios de vida y supervivencia como pueblos, y su derecho a la libre determinación. Las organizaciones conocieron acerca de los avances y obstáculos para la aprobación del Estatuto Autonómico Raizal y expresaron su solidaridad y respaldo a las demandas por el respecto a su territorio, sus derechos de participación política y a su existencia como pueblos Afrodescendientes.

Sobre los procesos de demarcación y titulación territorial existe un reconocimiento de avances en algunos países, pero aún permanecen dificultades para el control y ejercicio efectivo de derechos sobre esos territorios por las ocupaciones ilegales por parte de terceros. Por lo general esos abusos permanecen impunes mientras que los recursos legales de los Pueblos son ignorados por los gobiernos y sistemas de justicia; y eso en parte tiene que ver con el casi nulo avance de los procesos de saneamiento territorial. Esta situación ha generado procesos de desplazamiento forzado interno, y la migración, frecuentemente agravados por la existencia de proyectos extractivos.

Ante las situaciones descritas las organizaciones participantes llamaron la atención sobre el hecho de que las respuestas Indígenas han sido pacíficas, y de buena fe; y en el marco de las normas establecidas por los Estados. Se observó que frecuentemente son los Estados los que no responden de buena fe, pues enfrentan sus propias contradicciones, y eso suele reflejarse en las decisiones de las cortes nacionales.

También se reflexionó que el éxito de estas negociaciones para los intereses de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Raizales a veces dependen del tipo de gobierno que existen en esos Estados – cuando existen Estados con más balances de poderes es posible lograr más – y se pueden aprovechar esas oportunidades. No obstante, cuando hay gobiernos autoritarios es más difícil avanzar en esas luchas. En este sentido se hizo notar que las luchas de los Pueblos Indígenas son profundamente políticas – apuntan a limitar el poder de sectores poderosos en las distintas sociedades en la región.

Se enfatizó que los Pueblos Indígenas van más allá de la política partidista, pues se lucha por el ejercicio de libre determinación y negociación constructiva con los Estados. Se insistió sobre la importancia de que esas negociaciones se establezcan con las autoridades legítimas de los Pueblos Indígenas, y que estas obedezcan el mandato de sus comunidades y de acuerdo a sus sistemas de gobierno. En la reunión se compartieron modelos propios de gobierno Indígena que existen en la región y se llamó a tomar en cuenta que los ejercicios, mecanismos y fundamentos de estos modelos se basan en conceptos propios de los pueblos, reflejados en sus propios idiomas y visiones del mundo.

Las organizaciones quisieron llamar la atención sobre el efecto negativo de las prácticas de militarización, la imposición de estados de sitio y de medidas estatales restrictivas ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, pues produjeron mecanismos de despojo y explotación de recursos naturales en los territorios Indígenas.

Las organizaciones expresaron su preocupación por el poder que ejercen las corporaciones a través de modelos extractivos sobre los Estados y que dicho poder suele reflejarse en las decisiones judiciales y ejecutivas que afectan los derechos de los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y raizales.

c. Género y resistencias por las luchas autonómicas de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes

Las organizaciones participantes quisieron enfatizar el reconocimiento a la lucha de las mujeres por el derecho a la libre determinación y la autonomía; se hizo notar que son ellas quienes en varios contextos están al frente en las luchas por la recuperación de los territorios ancestrales.

Las nociones de resistencia y resiliencia recibieron especial consideración de los y las participantes en el encuentro, en relación con las luchas por el ejercicio de derechos. Se mencionó que, si bien continúan acciones de resistencia, el contexto hoy día se caracteriza por la necesidad de crear capacidades para negociar en los dos sistemas de normas que se interrelacionan, las nacionales e internacionales.

Además, las organizaciones participantes desean dejar constancia de que su presencia en esta reunión ha sido posible porque sus abuelos y abuelas fueron resilientes, fueron capaces de adaptarse y negociar con el Estado, y perseveraron en sus luchas; igualmente quienes les precedieron utilizaron la legislación para que esta nueva generación pudiera ser soporte de las comunidades. Ese mismo compromiso con las generaciones futuras también es un objetivo fundamental de sus respectivas organizaciones, especialmente a través de la educación de nuevos dirigentes.