8 ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, COLOMBIA

Las organizaciones participantes conocieron a través de las presentaciones realizadas por Alberto Gordon, Excongresista en el Congreso Nacional por el Archipiélago de San Andrés y Providencia y Presidente de la Autoridad Raizal, y la intervención realizada por la Politóloga, Magíster en Estudios del Caribe y Doctora en Ciencias Sociales con énfasis en Antropología Social, Sally Ann García Taylor, acerca de las luchas del pueblo Raizal de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ante decisiones judiciales internacionales que afectan sus medios de vida y supervivencia como Pueblos, y su derecho a la libre determinación. El colectivo de participantes conoció acerca de los avances y obstáculos para la aprobación del Estatuto Autonómico Raizal y expresaron su solidaridad y respaldo a las demandas por el respecto a su territorio, sus derechos de participación política y a su existencia como Pueblos Afrodescendientes.

A continuación, algunas notas descriptivas e históricas claves para comprender las luchas del pueblo Raizal:

• La historia del archipiélago debe entenderse dentro de un largo proceso de colonialismo, tanto en forma interna como por el contexto insular en donde ha habido históricamente potencias imperiales disputándose ese territorio en el gran Caribe. Ese proceso puede concebirse como un proceso de apropiación territorial en las islas, pero además de las áreas compartidas entre Colombia y Nicaragua, por el derecho territorial marítimo.
• El Archipiélago de San Andrés y Providencia forma parte de una reserva marina de biosfera de importancia para el país y la región del Caribe, que comparte un ecosistema muy diverso con varios países, entre ellos, Nicaragua y Jamaica.
• El Archipiélago de San Andrés y Providencia ha sido objeto de políticas nacionales de poblamiento por parte de Colombia, lo que históricamente ha impactado en la composición étnica del archipiélago y las sensibilidades políticas de los pobladores originales, el pueblo Étnico Indígena Raizal.
• En los contenidos del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra (1928), entre Colombia y Nicaragua sobre cuestiones territoriales entre los dos países, específicamente sobre la soberanía de la costa de Mosquitos y las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicaragua reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago. Sin embargo, quedaron excluidos del tratado los cayos de Roncador y Quitasueño. Es importante decir que, en la negociación de ese tratado, el gobierno de Colombia en aquel entonces no apoyó a la comunidad Raizal. Al contrario, la comunidad Raizal por décadas ha experimentado exclusión, expropiación y una política de extinción de sus lenguas y culturas, así como legalización de formas de arriendo de propiedades ancestrales Raizales en el archipiélago a favor de terceros.
• Esto quedó en evidencia en 1965, cuando en un acto deliberado – y sobre el cual nunca hubo una investigación en donde se identificarán a los responsables – se quemaron los archivos del Registro de la Propiedad de San Andrés. Desde ese entonces se declaró San Andrés como tierras baldías lo cual impuso un régimen de expropiación de la propiedad Raizal ancestral. Es importante anotar que San Andrés tenía entonces una economía robusta y el Estado se apropió de las propiedades, ocasionando un impacto durable sobre sus derechos.
• Entre 1970 y 1980 existió un plan secreto para expropiar a propietarios en el centro de San Andrés y a los empresarios Raizales. A este despojo interno se suma un proceso aún más complejo, como fue la pérdida – en 2012 – del 75 por ciento de las aguas territoriales marítimas del Archipiélago en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial entre Nicaragua y Colombia.

Valoraciones desde las realidades de vida del Pueblo Raizal tras la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia

Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, el pueblo Raizal ha sido objeto de amenazas y despojo histórico. Una acción arbitraria reciente y con profundas repercusiones ha sido la sentencia de la CIJ, generando condiciones más difíciles y complejas en la preservación del bienestar y sobrevivencia del pueblo Raizal, actualmente siendo minorías; con la sentencia existe una valoración y percepción que se han acotado los derechos consuetudinarios del territorio marítimo del cual existe total dependencia como medio para la sobrevivencia desde tiempos inmemoriales.

Dentro del marco de las relaciones históricas entre el Estado de Colombia y el Pueblo Raizal, la autodeterminación, desde la perspectiva del pueblo Raizal, se cristaliza como el derecho a ser consultados, como la defensa de sus derechos colectivos, incluyendo los reclamos por los derechos de acceso a las áreas marítimas territoriales, derecho que se ven suprimidos desde el 2012 con la sentencia de la CIJ.

La sentencia de la CIJ nos dio la “casa por cárcel”, y aunque tenemos una economía digamos fuerte como Pueblo, nos hace falta la organización y nos hace falta mayor información sobre las posibilidades del campo legal para avanzar en nuestras demandas – esta información usualmente no nos llega de forma expedita, tampoco la asistencia legal que necesitamos.

Alberto Gordon

Los procesos de consulta previa, por ejemplo, han sido sumamente complejos. Si bien existe una guía general del proceso, en la práctica la consulta se enfrenta a intereses estatales y locales, lo que hace el proceso infructuoso. Hasta la fecha se han solicitado once acciones judiciales para implementar la consulta, pero no ha habido cumplimiento de las mismas por los intereses divergentes. Y estas barreras se enfrentan ahora a un problema aún mayor, como es la sentencia de la CIJ y los potenciales conflictos que puedan derivarse para el Pueblo Raizal por la falta de cumplimiento por parte de Colombia.

Propuestas de trabajo colectivo del pueblo Raizal

Se reconocen avances en las normas nacionales e internacionales para proteger los derechos del pueblo Raizal, pero muchas veces esas normas pierden vigencia por su falta de aplicación y terminan siendo como “pañitos de agua tibia” que no resuelven los problemas más agudos.

Se ha perdido territorio, cultura y también tradiciones ancestrales. La determinación del pueblo Raizal, reconoce que estas son cuestiones irrenunciables para su pueblo por tanto la lucha por recuperarlas es vigente, y los esfuerzos para ello se han orientado a construir mecanismos de gestión propia, como el Estatuto Raizal y que este sea firmado por el gobierno de Colombia y así poder avanzar en su propia autonomía.

Un desafío que me parece relevante en este contexto es: ¿cómo ejercer un tipo de soberanía que pueda observar el respeto a la cultura y derechos territoriales del Pueblo Raizal?

Sally Ann García Taylor, Politóloga, Magíster en Estudios del Caribe y Doctora en Ciencias Sociales con énfasis en Antropología Social.

Ante estas situaciones que erosionan la identidad para el pueblo Raizal, se han generado reflexiones acerca de ¿Qué podemos hacer nosotros como minorías étnicas?:

• Hacer uso de las herramientas que nos dan las normas internacionales de derechos humanos, y el apoyo de las organizaciones aliadas para poder ejercer presión sobre los gobiernos y así lograr el apoyo y avanzar en las luchas y la preservación de la memoria histórica.
• Potenciar el derecho a la consulta libre, previa e informada que ha sido utilizado recientemente para avanzar en la consulta del Estatuto Raizal. El Pueblo Raizal es un pueblo intrínsecamente ligado al territorio y el mar como parte de ese territorio.
• Continuar luchando por los derechos para encontrar una salida pacífica con Colombia.
• El pueblo Étnico Indígena Raizal en su lucha por la resiliencia, aún abriga la esperanza en el nuevo gobierno, haga una reparación por los daños y pérdidas generacionales en aras de garantizar al Pueblo Raizal una pervivencia, reconociendo las grandes hazañas y aportes de sus ancestros en la construcción e Independencia de Colombia y su pérdida generacional, cultural, económica y ancestral frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
• Demandar normas inclusivas por los derechos, paz y justicia para el pueblo Raizal.